Legisladoras, funcionarias y especialistas urgieron a unificar y armonizar las leyes penales en todo el país para garantizar justicia efectiva a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Advirtieron que las diferencias entre los códigos penales estatales dificultan la persecución y sanción de estos crímenes.
Durante el Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales, celebrado con motivo del Día Internacional de los Niños de la Calle, se destacó que la disparidad legal entre entidades federativas representa una grave barrera para el acceso a la justicia y la protección de la infancia.
Paula Gándara Autrique, representante de la Fiscalía General de la República (FGR), alertó que la dispersión normativa entre los 34 códigos penales sustantivos del país representa un serio obstáculo:
“En algunos estados las penas por delitos sexuales contra menores son irrisorias, incluso menores a un año de prisión o sancionadas con simples multas. Además, hay tipos penales vagos e imprecisos que dificultan su aplicación efectiva”.
De acuerdo con Gándara, delitos como el abuso sexual, el estupro o la corrupción de menores carecen de definiciones claras en muchos estados, lo que impide una correcta persecución penal.
Por su parte, Mónica Miguel Muñoz Olmedo, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), denunció que existe un subregistro alarmante en estos delitos.
“Se estima que por cada caso denunciado de violencia sexual infantil, hay entre cinco y diez que no se reportan”, señaló.
Añadió que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya ha hecho recomendaciones al Estado mexicano sobre la urgencia de mejorar sus sistemas de denuncia, acceso a la justicia y rendición de cuentas por parte de las fiscalías.
Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), llamó a establecer una agenda legislativa nacional común que permita enfrentar los delitos sexuales y otras violencias con perspectiva de niñez y género.
“Un mismo delito no puede ser castigado de forma distinta dependiendo de dónde ocurra. Necesitamos leyes claras, políticas de Estado que protejan a la infancia, y particularmente a las niñas, ya que prácticas como el matrimonio infantil aún persisten”, advirtió.
Villavicencio también alertó sobre nuevas formas de violencia que deben incluirse en la legislación, como el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y las agresiones en entornos digitales. Finalmente, subrayó la necesidad de impulsar una cruzada cultural para desnormalizar la violencia contra la infancia y promover la crianza positiva.
La reunión concluyó con un llamado urgente a los congresos estatales y al Congreso de la Unión para trabajar en la armonización del marco legal en materia de delitos sexuales contra menores, reconociendo que la protección de la niñez no debe estar sujeta a la geografía ni al azar.
