México fue clasificado con un riesgo alto de tortura y malos tratos en el Índice Global de la Tortura 2025, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El reporte, basado en datos de 2023 y 2024, evidencia la persistencia de prácticas sistemáticas de tortura en contextos de impunidad, fallas estructurales e institucionales.
De acuerdo con el informe, la tortura sigue utilizándose de forma frecuente como método para obtener confesiones, fabricar culpables y reforzar investigaciones judiciales, afectando profundamente los derechos humanos en el país.
Cifras alarmantes
Entre 2019 y 2024, la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública documentó 2,881 denuncias de tortura con un total de 3,506 víctimas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), elaborada por el Inegi, reveló que el 42% de las personas encarceladas fueron golpeadas o maltratadas por el Ministerio Público para obtener autoinculpaciones, y el 20% confesó tras ser agredido físicamente.
En la ficha técnica del índice, la OMCT advierte sobre un «Estado de derecho selectivo» en México, que facilita detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas ilícitas y violaciones sistemáticas a las garantías procesales.
Violencia institucional y militarización
Otro hallazgo preocupante es el nivel de brutalidad policial y violencia institucional. Desde la militarización de la seguridad pública iniciada en 2006, con la llamada «Guerra contra el narcotráfico», se ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El reporte señala que la Guardia Nacional, creada en 2019, ha exacerbado estas prácticas. Solo hasta 2021, dicha corporación había hecho uso de la fuerza en 421 eventos, y en 411 se emplearon armas de fuego, de acuerdo con cifras del Centro Prodh, que también reportó 94 muertes atribuibles a la corporación hasta ese mismo año.
Riesgos en centros penitenciarios
La categoría “Prevención en Privación de Libertad” fue calificada con riesgo muy alto. El 34.5% de las personas privadas de libertad denunciaron agresiones físicas por parte de custodios. El Cefereso 16, en particular, reportó 21 muertes bajo custodia desde 2021, de las cuales 13 fueron suicidios.
A pesar de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ha presentado 86 denuncias, su dependencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) limita su autonomía y eficacia.
Impunidad persistente
En el apartado sobre la lucha contra la impunidad, México también recibió una calificación de riesgo alto. En 2023 se abrieron 4,592 investigaciones por tortura, pero solo 18 casos llegaron ante un juez y se dictaron únicamente ocho sentencias condenatorias.
Grupos en situación de vulnerabilidad
El informe destaca también un entorno adverso para grupos especialmente vulnerables. El 43.82% de las mujeres privadas de libertad reportaron haber sido víctimas de tortura sexual. En tanto, niños, niñas y adolescentes enfrentan violencia psicológica (65.9%) y física (45.9%).
Las personas migrantes detenidas también padecen condiciones inhumanas. El reporte retoma como ejemplo el incendio ocurrido en 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez, que dejó decenas de muertos.
