El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila declarar infundada la exigencia del PRI para que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sea sometida a un proceso de revocación de mandato, al considerar que el plazo constitucional para realizar este ejercicio ya venció en la entidad.
De acuerdo con un proyecto de resolución que será discutido en la Sala Superior, la Constitución establece que la revocación de mandato debe solicitarse dentro de un periodo específico: a partir de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. En el caso de Baja California, ese plazo ya transcurrió, por lo que el primer ejercicio de este tipo se realizaría hasta 2031.
El proyecto señala que la reforma local sobre revocación de mandato fue publicada en el Periódico Oficial del estado y que el Instituto Electoral de Baja California determinó que el primer proceso viable se lleve a cabo el 31 de enero de 2031, conforme a los tiempos constitucionales.
El PRI argumentó que existe una omisión legislativa al no contemplar la aplicación de la revocación de mandato a la actual titular del Ejecutivo estatal, y sostuvo que diferir el ejercicio hasta 2031 afecta el derecho de participación ciudadana y genera una protección política indebida. No obstante, el proyecto rechaza estos señalamientos al considerar que las legislaturas locales no están obligadas a aplicar esta figura a cargos ya iniciados.
La propuesta subraya que no hay inconstitucionalidad en establecer una vigencia específica para la revocación de mandato y que modificar los plazos atentaría contra los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad, además de exceder las atribuciones de las autoridades electorales locales.
En el documento se precisa que la gobernadora tomó posesión del cargo el 1 de noviembre de 2021, por lo que el periodo constitucional para solicitar la revocación transcurrió del 1 de noviembre de 2024 al 1 de febrero de 2025, sin posibilidad de ampliarlo o ajustarlo.
En otro caso relacionado, el Tribunal también analizará un proyecto sobre la revocación de mandato en Hidalgo, en el que se impugna el porcentaje de firmas requerido, aunque la propuesta considera inoperante ese planteamiento.
Ambos asuntos serán discutidos en sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
