La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución con el fin de expedir una ley general en materia de extorsión. El documento establece que el Congreso de la Unión deberá promulgar dicha ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma busca facultar a la autoridad para combatir de oficio la extorsión, así como homologar penalidades y agravantes en todo el país. El dictamen señala que la extorsión es un delito de alto impacto que afecta no solo a las víctimas directas, sino también al patrimonio colectivo, la economía nacional y la estabilidad emocional de las personas afectadas.
El Senado ya emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma después de que 22 congresos locales aprobaran la modificación. Mientras el Congreso de la Unión elabora la ley general, las disposiciones federales y locales vigentes en materia de extorsión permanecerán en vigor; el régimen transitorio de la nueva norma fijará los plazos y condiciones para las adecuaciones normativas necesarias.
La iniciativa pretende, en suma, dotar al Estado de herramientas uniformes y más efectivas para perseguir y sancionar la extorsión en todo el territorio nacional.
