Al reafirmar que en México están prohibidas las condonaciones y exenciones de impuestos desde el sexenio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que durante el viejo régimen de consolidación fiscal la intención era pagar lo menos posible, lo que generó abusos y condiciones irregulares.
En referencia a la reciente publicación de Grupo Salinas, la primera mandataria subrayó que quedaron atrás los tiempos de negociaciones ocultas; las puertas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) están abiertas para todos, pero la ley es la ley.
“Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca. Como decía Juárez: Nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de derecho para todas y todos.”
Añadió que el caso ha pasado diversas instancias judiciales y actualmente están nueve expedientes en la mesa de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“¿Qué beneficios puede tener [la empresa]? Los que dice el Código Fiscal; se le pueden quitar multas y recargos, si es que desea pagar; pero lo que dice la ley.”
Puntualizó que no se trata de un debate político que se discute en un país de libertades como México, sino del pago de impuestos que ha implicado juicios de años atrás, relacionados con el mal uso de la consolidación fiscal para asegurar la evasión.
“¿Quiere pagar? Adelante, está el SAT para que, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, pública y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas, y menos en lo oscurito.”
La jefa del Ejecutivo federal indicó que el Paquete Económico 2026 contiene disposiciones para evitar empresas fachada, factureras y prácticas para no pagar impuestos.
“Cuando llegué a la Presidencia, en el Congreso de la Unión juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”
En representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del SAT, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, recordó que, a partir de 1982, la consolidación fiscal fue una figura legalmente aceptada de la que se beneficiaron grupos empresariales para pagar menos impuestos al calcular ganancias y pérdidas de diversas empresas en conjunto, lo que también permitió diferir el pago hasta por 10 años.
Esta práctica generó abusos, ya que era posible aparentar más pérdidas para pagar menos impuestos, lo que se tradujo en un grave problema de recaudación para el Estado y trato desigual hacia pequeñas y medianas empresas que sí pagaban.
En 2012, esta disposición cambió al régimen opcional para grupos, que estableció plazos más estrictos, y en 2018 termina la consolidación y los privilegios fiscales para alcanzar transparencia y justicia tributaria.
En ese contexto, la SCJN está por resolver litigios en torno a nueve créditos que adeudan empresas de Grupo Salinas correspondientes a diversos ejercicios fiscales a partir de 2008; acumulan 17 años sin pagar 48 mil 382 millones de pesos en impuestos.
Durante la exposición de casos, detalló que el grupo empresarial declaró pérdidas indebidas al vender acciones, realizó operaciones no reales, fusionó empresas y dedujo viáticos, anticipos y servicios no básicos para su operación.
Tras mencionar que las autoridades fiscales han ganado diversas instancias jurídicas pese a las agresivas acciones de litigio por parte del grupo empresarial que han costado varios años, explicó que los nueve casos dan cuenta del patrón de abuso de la figura de consolidación fiscal.
