En una sesión marcada por el debate entre oficialismo y oposición, el Senado de la República aprobó con 73 votos a favor y 34 en contra la reforma que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dictamen fue avalado durante el cuarto día del periodo extraordinario, convirtiéndose en la novena reforma aprobada en esta jornada legislativa.
La reforma —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— busca consolidar la generación de datos y la evaluación de políticas sociales en una sola institución, bajo la premisa de optimizar recursos públicos, eliminar duplicidades y mejorar la coherencia técnica en el diseño y evaluación de programas sociales.
¿Qué implicaciones tiene la reforma?
De acuerdo con el dictamen, el Inegi asumirá funciones clave como:
- La medición oficial de la pobreza
- La evaluación de programas sociales y políticas públicas
- La emisión de recomendaciones
- La actualización de lineamientos técnicos para la medición de la pobreza
Además, se redefinió el concepto de Política de Desarrollo Social como el conjunto de programas y acciones orientados a reducir la pobreza, desigualdad y exclusión social, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendrá el control de herramientas clave como el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Oficialismo defiende eficiencia y austeridad
Desde tribuna, la senadora Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, argumentó que el Coneval no produce datos primarios, sino que analiza información generada por el propio Inegi, por lo que fusionar ambas labores bajo una sola institución permitiría “eficiencia, austeridad y resultados”.
“En lugar de oficinas, programas; en lugar de nómina, becas; en lugar de burocracia, resultados”, sentenció.
Según cifras citadas por la legisladora, el Coneval cuenta con apenas 50 plazas fijas y alrededor de 100 eventuales, pero cada producto científico generado por el organismo cuesta cinco veces más que si se realizara desde el Inegi, que cuenta con más de 15 mil empleados.
Oposición: «una reforma para eliminar la crítica»
La oposición, encabezada por senadores del PAN, Movimiento Ciudadano y algunos independientes, acusó al gobierno federal de querer suprimir mecanismos de evaluación objetiva para evitar críticas a sus políticas sociales.
El senador Antonio Martín del Campo (PAN) afirmó que la verdadera intención detrás de la reforma es “eliminar al único órgano que puede evidenciar el fracaso de la política social”, recordando que el Coneval reportó que 400 mil personas más cayeron en situación de pobreza entre 2018 y 2022.
Su correligionario Agustín Dorantes acusó que la medida no responde a un criterio de austeridad, sino de opacidad:
“El Coneval mide la pobreza con rigor, evalúa programas con transparencia y no se presta a propaganda. Por eso este gobierno quiere desaparecerlo”.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García advirtió que la reforma forma parte de una tendencia global hacia la minimización del Estado, comparando la política mexicana con los gobiernos de Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos.
El PVEM respalda la reforma
En contraste, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, respaldó la reforma y aseguró que el Inegi “puede asumir sin problema las tareas del Coneval” y que esta decisión representa un mejor uso de los recursos públicos.
La desaparición del Coneval representa un cambio profundo en la arquitectura institucional de la política social en México. Mientras Morena defiende la integración como una medida de eficiencia, la oposición alerta sobre una pérdida de independencia en la evaluación de la pobreza. La implementación quedará ahora en manos del Ejecutivo y del Inegi, bajo la expectativa de mantener la rigurosidad técnica que caracterizó al Coneval desde su creación en 2004.
