La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que, a nivel nacional, se reconozcan los autogobiernos indígenas y se les asignen recursos públicos de manera directa, al conceder un amparo a la comunidad de La Candelaria, en el municipio de Tenejapa. El máximo tribunal precisó, no obstante, que este reconocimiento no implica la creación de un “cuarto nivel de gobierno”.
En una sesión histórica realizada en la plaza principal de Tenejapa —la primera itinerante de la Corte en un pueblo indígena—, seis ministros acudieron de forma presencial y dos participaron a distancia, ante alrededor de dos mil integrantes de los pueblos tsotsil y tseltal. Por unanimidad de ocho votos, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que resolvió el amparo en revisión 344/2025.
La Corte determinó que el Congreso de Chiapas incurrió en omisión legislativa al no establecer mecanismos para reconocer gobiernos comunitarios ni garantizar su acceso directo a recursos públicos. Por ello, ordenó a autoridades estatales y municipales garantizar, en un plazo de 90 días naturales, el ejercicio del autogobierno de La Candelaria y la entrega proporcional de recursos.
Asimismo, instruyó al Congreso local a legislar sobre autogobierno indígena dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley general en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, actualmente en proceso en el Congreso de la Unión.
La resolución se sustenta en la reforma constitucional de 2024 al artículo segundo, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación, la autonomía, la elección de sus autoridades conforme a sus normas y prácticas tradicionales, así como la preservación de su identidad cultural y lingüística.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que el fallo busca trasladar el reconocimiento del texto constitucional a su aplicación efectiva. Señaló que reconocer a una comunidad implica validar su asamblea, sus autoridades y sus normas internas, con consecuencias jurídicas concretas.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que la sentencia envía un mensaje claro sobre el papel del multiculturalismo y el reconocimiento de los pueblos ancestrales como pilares de la democracia constitucional.
Aunque la comunidad solicitó que el autogobierno indígena fuera reconocido como un nuevo orden de gobierno, el proyecto aprobado estableció que se trata de una forma de libre determinación que coexiste con las estructuras federales, estatales y municipales, sin alterar el diseño institucional del país.
