Con un compromiso inquebrantable por la transparencia y la defensa del patrimonio laboral, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció acciones legales contra las administraciones anteriores del ex gobernador del PAN Mario López Valdez y del ex gobernador del PRI Quirino Ordaz Coppel, responsables de un desfalco acumulado de 2 mil 600 millones de pesos en el fondo de pensiones estatal.
La denuncia, impulsada por el uso indebido de recursos descontados directamente de los salarios de los trabajadores —que no fueron enterados al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) y al ISSSTESIN durante los años 2012 a 2016 y parte de 2021—, busca determinar responsabilidades administrativas y penales para evitar que la impunidad siga afectando a miles de familias.
«Fueron evasivos, irresponsables, hubo falta de compromiso con los trabajadores; eso es quitarles a los trabajadores», enfatizó Rocha, destacando que su gobierno ha cubierto puntualmente las aportaciones desde el primer día y asumido pagos extras para salvaguardar las jubilaciones, demostrando así una gestión humanista y responsable que prioriza el bienestar sobre el clientelismo político.
Rocha Moya, respaldado por el subsecretario de Transparencia, Abelardo Castro, subrayó que este procedimiento no solo es una obligación legal, sino un acto de justicia que involucrará instancias federales y estatales para esclarecer el manejo irregular.
«Nosotros llevamos cuatro años reteniendo y pagando; el proyecto de jubilación está calculado para que no haya quiebra del fondo», afirmó el mandatario, quien reiteró que ningún trabajador o jubilado se verá afectado, garantizando pagos íntegros y dignos.
«No quiero que haya un solo trabajador que se jubile y se quede sin su dinero», concluyó Rocha, reafirmando su liderazgo ético ante un legado de deudas heredadas.
