El Consejo de la Judicatura Federal denuncia que no fue consultado sobre la transferencia de recursos; jueces y magistrados reclaman incumplimiento del pago por retiro anticipado derivado de la reforma judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió 10,000 millones de pesos, provenientes de fideicomisos del Poder Judicial, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) sin su autorización ni conocimiento previo.
A través de una tarjeta informativa, el CJF precisó que la acción se llevó a cabo sin haber sido consultado en su calidad de fideicomitente y sin emitir instrucción alguna a Nafin, contraviniendo las cláusulas establecidas en el contrato del fideicomiso.
Ante esta situación, el órgano judicial informó que ya se encuentran en curso medidas de conciliación y se analiza la estrategia legal a seguir.
Exigen pago por retiro anticipado
En paralelo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunció el incumplimiento del pago extraordinario que debía entregarse a los juzgadores que se retiraron anticipadamente como parte de la reforma judicial.
Juana Fuentes, directora nacional de Jufed, señaló que dicho pago estaba previsto para diciembre de 2024, conforme a lo estipulado en el artículo Décimo Transitorio de la reforma al Poder Judicial federal. Afirmó que este incumplimiento representa una violación a los derechos de los jueces y magistrados que dejaron sus cargos de forma anticipada.
“El propio Consejo de la Judicatura Federal, mediante el oficio SEPLE./4/PLE./002/5250/2024, determinó los supuestos para hacer procedente el pago. A partir de ese acto, se obligó a los juzgadores a concluir de manera involuntaria su función jurisdiccional”, acusó la asociación.
Jufed también advirtió que la compensación extraordinaria no cumple con los estándares internacionales definidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que el objetivo de dicho pago era permitir que los exjuzgadores mantuvieran un nivel de vida digno tras dejar el cargo.
Asimismo, recordó que la reforma judicial impide a los funcionarios retirados ejercer profesionalmente en el mismo circuito judicial en el que estaban adscritos durante los dos años posteriores al término de su encargo, lo cual agrava su situación económica.
