Las recientes reformas constitucionales que han eliminado organismos clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Consejo de la Judicatura Federal, han puesto en peligro la operatividad del sistema, advierten expertos.
Desafíos clave del SNA
- Vacantes y falta de recursos
- A septiembre de 2024, el 33% de los puestos en los sistemas locales anticorrupción estaban vacantes.
- Estados como Colima, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, y Veracruz carecen de Comités de Participación Ciudadana (CPC) en funciones.
- 50% de los nombramientos en las Comisiones de Selección estatales aún no se han realizado.
- Desigualdad en implementación
- Solo tres estados —Jalisco, Puebla, y Quintana Roo— cuentan con una política estatal anticorrupción, programas de implementación y presupuestos transversales anticorrupción aprobados.
- La Ciudad de México no ha registrado avances significativos en esta materia.
- Centralización y obstáculos políticos
- Según expertos, la administración federal actual fomenta una centralización administrativa que obstaculiza la autonomía y efectividad del SNA.
- Los sistemas estatales enfrentan carencias de presupuesto, personal capacitado y voluntad política, lo que resulta en una implementación dispar.
- Uso político de la agenda anticorrupción
- Fernanda Galicia, directora de Mexiro, A.C., denunció que el combate a la corrupción se utiliza con fines políticos, dejando de lado resultados efectivos.
Críticas de especialistas
- Ricardo Alvarado Andalón (MCCI):
Señaló que los obstáculos políticos y la falta de recursos han impedido que el SNA cumpla con su objetivo, pese a los esfuerzos ciudadanos. - Salvador Mora (UNAM):
Destacó la fragmentación entre estados y la Federación, subrayando que la falta de coordinación debilita los esfuerzos anticorrupción.
Objetivos del SNA
Según el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), el SNA debe:
- Diseñar y promover políticas públicas para combatir la corrupción.
- Aprobar una política nacional anticorrupción.
- Emitir recomendaciones públicas y coordinarse con los sistemas locales.
Conclusión
La falta de nombramientos, recursos y voluntad política, sumada a la reciente desaparición de organismos clave, amenaza con desmantelar un sistema que, en casi una década, no ha alcanzado resultados significativos. Las reformas actuales representan un retroceso para los esfuerzos por garantizar la transparencia y el combate a la corrupción en México.
