Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral advirtieron que una eventual reestructuración del organismo, como la reducción del número de integrantes del Consejo General, tendría impactos negativos en su funcionamiento y debilitaría tareas sustantivas, en el contexto de la discusión sobre una próxima reforma electoral.
La consejera Dania Ravel señaló que eliminar dos consejerías afectaría de manera grave la capacidad operativa del instituto, ya que desde la reforma de 2014 el INE asumió nuevas facultades que se distribuyen entre las y los consejeros. Reducir su número, dijo, implicaría una sobrecarga de trabajo y un desajuste entre atribuciones y estructura.
Advirtió además que uno de los riesgos más delicados sería la posible desaparición de los órganos desconcentrados permanentes, lo que limitaría la presencia territorial del instituto y su capacidad de operación cotidiana.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala subrayó que el INE ha entregado resultados verificables y trazables, por lo que consideró que una reforma debería enfocarse en fortalecer la transparencia, especialmente en procesos como los nombramientos, para evitar especulaciones y atender cuestionamientos con información clara y directa.
En tanto, el consejero Arturo Castillo alertó sobre la posibilidad de que las juntas locales y distritales se instalen solo de manera temporal durante los procesos electorales. A su juicio, esta medida afectaría de forma directa áreas clave como la fiscalización, la distritación y la geografía electoral, al limitar las capacidades de investigación y seguimiento permanente.
Los integrantes del Consejo General coincidieron en que cualquier modificación a la estructura del INE debe considerar el alcance real de sus funciones y evitar decisiones que comprometan la eficacia, autonomía y solidez técnica de la autoridad electoral.
