Pese a los operativos, detenciones y decomisos que presume el gobierno federal, la percepción de inseguridad en México continúa en aumento. Especialistas en seguridad pública señalan que el problema de fondo sigue siendo la impunidad, un fenómeno que, afirman, no se ha atendido con seriedad y continúa replicando errores del pasado.
De acuerdo con estimaciones, nueve de cada diez delitos en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. Esta cifra refleja, según analistas, una profunda desconexión entre la política de seguridad oficial y la realidad que viven millones de personas.
“El combate al crimen no puede medirse solo por detenciones o aseguramientos. Hoy vemos una política orientada a calmar presiones externas, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, más que a pacificar realmente al país”, advirtió Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa.
El especialista también señaló que la percepción ciudadana no mejora automáticamente cuando se desmantelan grupos criminales, ya que persiste el miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la sensación de que nada cambia.
“La violencia se multiplica cuando no hay justicia. Si una víctima no ve castigo al agresor, crece la frustración, la desconfianza y el silencio colectivo”, agregó Vargas, quien sugirió reforzar el trabajo comunitario y policial de proximidad, así como atacar delitos de alto impacto como la extorsión.
Datos vs. realidad
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señaló que las cifras oficiales de incidencia delictiva no siempre reflejan la verdadera magnitud del problema.
“La mayoría de los delitos no se denuncian. Es decir, puede bajar el número de denuncias, pero eso no significa que haya menos criminalidad. La gente ha perdido la fe en las instituciones”, indicó.
Hernández criticó que, sexenio tras sexenio, se refuerce a las Fuerzas Armadas o cuerpos policiales preventivos, sin invertir en fortalecer los ministerios públicos y las unidades de investigación.
“No se necesita más presencia en las calles, sino fiscales y detectives que realmente investiguen. Sin eso, no hay justicia ni disuasión efectiva del delito”, enfatizó.
Reforma pendiente al sistema de justicia
Para los expertos, el verdadero obstáculo es estructural. Hernández propuso una reforma constitucional al artículo 21, que actualmente otorga el monopolio de la investigación penal al Ministerio Público.
“Mientras el Ministerio Público sea el único facultado para investigar, no habrá una transformación real. Cambiar de policía federal cada sexenio sin tocar el fondo institucional es repetir el ciclo de fracaso”, concluyó.
En un contexto donde la impunidad es la constante y la violencia se mantiene, los especialistas coinciden: sin una reforma profunda al sistema de justicia, difícilmente México podrá construir una estrategia de seguridad duradera y eficaz.
