El Poder Judicial de la Federación (PJF), a través del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y su Comisión de Disciplina, sancionó a 16 servidores públicos adscritos a la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito en la Ciudad de México, por incurrir en actos de violencia laboral, acoso y otras conductas contrarias a la normatividad.
Entre las personas sancionadas se encuentran dos jefaturas de la Unidad de Notificadores y catorce auxiliares de actuarios. Del total, trece recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días, además de inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por periodos que van de tres meses a un año. Otros tres funcionarios fueron destituidos de manera definitiva, conforme a las causales previstas en la ley.
El TDJ informó que las investigaciones acreditaron la comisión reiterada de actos de violencia laboral contra personal subordinado y compañeros de trabajo, mediante lenguaje ofensivo y comportamientos agresivos, intimidatorios y amenazantes. Asimismo, se documentaron conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, incluyendo contacto físico indebido que vulneró la esfera íntima de las personas afectadas.
De igual forma, se comprobó la existencia de acoso laboral sistemático, consistente en grabaciones, fotografías, seguimiento y vigilancia sin consentimiento hacia compañeros de trabajo e incluso hacia un superior jerárquico. En uno de los casos, se acreditó acoso sexual mediante comentarios y acercamientos físicos reiterados no consentidos, lo que generó un entorno laboral hostil.
Las indagatorias también revelaron otras irregularidades, como el uso indebido de personas ajenas al PJF para realizar notificaciones, el incumplimiento de órdenes superiores y la asistencia al trabajo en condiciones incompatibles con el servicio público.
El Tribunal de Disciplina Judicial subrayó que estas resoluciones responden al compromiso institucional de erradicar prácticas de violencia y acoso en el ámbito judicial, así como de garantizar que las responsabilidades administrativas se apliquen sin excepciones ni privilegios, con el fin de preservar un entorno laboral digno, seguro y respetuoso.
