Diversas organizaciones civiles señalaron que México debió entregar el 18 de septiembre al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas y sistemáticas en el país, en el marco del procedimiento previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que incluso puede escalar el tema hasta la Asamblea General de Naciones Unidas.
En paralelo, 61 colectivos de familiares, 66 organizaciones civiles, 129 familiares y 50 personas solidarias presentaron un informe alterno en el que aportan evidencia sobre la magnitud del problema y proponen la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento.
El documento plantea acciones como determinar las causas de las desapariciones, establecer un programa nacional de prevención, procesar a los responsables, garantizar justicia, identificar cuerpos y fragmentos óseos acumulados, así como asegurar un regreso digno de las víctimas a sus familias.
Las organizaciones subrayaron que la aplicación del Artículo 34 “no debe verse como un juicio o ataque al gobierno, sino como una oportunidad extraordinaria para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
El CED recordó que desde 2015 ha advertido sobre la situación generalizada de desapariciones en México y la casi absoluta impunidad. Hasta septiembre de 2025, ha emitido 773 acciones urgentes, la mayor cifra para cualquier Estado parte.
Entre 2017 y enero de 2025, se han dictado apenas 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, mientras que las cifras de víctimas continúan en aumento: en 2024 se registraban en promedio 26 casos diarios, y en el primer semestre de 2025 la cifra superó las 45 desapariciones por día.
Colectivos como Artículo 19, la Red TDT, la Fundación para la Justicia y Tlachinollan, entre otros, urgieron al Estado mexicano a responder al CED con propuestas que aborden las causas estructurales de la crisis y establezcan mecanismos transparentes de medición, rendición de cuentas y garantía de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
