La sequía prolongada en México ha puesto al país en una encrucijada hídrica sin precedentes. Actualmente, 113 de las 210 principales presas del país, que almacenan más del 90% del agua disponible, registran niveles por debajo del promedio histórico de los últimos 30 años. Esta situación se ha agravado tras cinco años consecutivos de condiciones secas extremas, que en 2024 llevaron a que el 98% de los municipios enfrentaran algún grado de sequía.
En el noroeste, los estados de Sonora y Chihuahua son los más golpeados. Las reservas de agua en estas entidades se han reducido entre un 45% y un 100%, afectando severamente la actividad agrícola. En Sonora, apenas una cuarta parte de las tierras cultivables están activas debido a la falta de riego. La presa que abastece a Hermosillo opera por debajo del 20% de su capacidad desde 2015, lo que refleja la magnitud del deterioro.
El estrés hídrico se extiende a nivel nacional. Hoy, 126 presas no alcanzan a cubrir la demanda de agua que se les exige, y las proyecciones estiman que para 2040 esa cifra aumentará a 139. A pesar de este panorama, el gobierno federal ha lanzado un plan nacional que contempla nueve proyectos de infraestructura hídrica, aunque su ejecución podría tardar hasta tres años. La estrategia ha generado críticas por priorizar el consumo industrial sobre el abastecimiento humano y las necesidades del campo.
A nivel internacional, la situación también genera tensiones. México debe cumplir con el tratado de 1944 que lo obliga a entregar agua a Estados Unidos, mientras las presas fronterizas registran niveles críticamente bajos. La fecha límite para cumplir con este compromiso es el 25 de octubre de 2025, aumentando la presión sobre las autoridades.
Las causas de esta crisis son múltiples. Además de la reducción de lluvias desde 2019, las concesiones de agua para diversos usos han crecido de 44 mil hectómetros cúbicos en 2001 a 54 mil en 2022, exacerbando una demanda que supera la capacidad natural de recuperación del país.
