La reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto de reforma constitucional sobre la inimpugnabilidad de enmiendas constitucionales podría traer consecuencias retroactivas, señalan los juristas Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Hurtado Montiel.
La medida obligaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a desestimar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos como el PAN, PRI y MC, cuyo proyecto de resolución propone invalidar parcialmente la reforma del Poder Judicial.
Cárdenas Gracia, constitucionalista de la UNAM, comentó que el país aún no atraviesa una «crisis de constitucionalidad». Esta situación extrema se presentaría si la Corte declara inconstitucional la reforma y el Poder Ejecutivo, Legislativo y los congresos estatales insisten en sostenerla, sin alternativa para resolver el conflicto.
«En ese escenario, una consulta popular podría ofrecer una salida democrática», explicó, minimizando por ahora el riesgo de una crisis constitucional si existen mecanismos de resolución previstos en la Constitución.
Sin embargo, Hurtado Montiel advirtió que una crisis podría desencadenarse si la presidenta Claudia Sheinbaum y el Congreso de la Unión rechazan una resolución de inconstitucionalidad sobre la elección de jueces y magistrados.
Según él, el conflicto comenzó cuando Sheinbaum, en lugar de suspender la publicación de la reforma como lo solicitó la Corte, decidió consultar al Senado, que recomendó no acatar la orden judicial. Para Hurtado, esta acción representa un «punto de quiebre» que podría llevar a una ruptura del Estado de derecho.
Ambos expertos concordaron en que la reciente reforma sobre inimpugnabilidad afectaría directamente cualquier revisión de la reforma judicial. Al modificarse los artículos 105 y 107 de la Constitución, cualquier amparo o acción de inconstitucionalidad previa perdería vigencia, y la Corte tendría que declarar la improcedencia de tales acciones.
«La reforma se aplicará retroactivamente, invalidando cualquier resolución futura de la Corte sobre esta materia», puntualizó Hurtado Montiel, dejando entrever que, si la reforma se publica antes de que la Corte se pronuncie, esta última perdería facultad para intervenir.
