Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) bajo investigación administrativa enfrentan el riesgo de perder alrededor de cinco millones de pesos en liquidaciones, debido a la reapertura y prolongación de procedimientos que permanecen sin resolución. Las personas afectadas advierten que esta práctica podría constituir una estrategia para afectar derechos laborales de funcionarios considerados incómodos.
El Órgano Interno de Control (OIC) reabrió un procedimiento contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como contra el consejero Jaime Rivera, además de exintegrantes del Consejo General, por decisiones adoptadas en 2021 relacionadas con la suspensión temporal de la organización de la revocación de mandato presidencial ante la falta de presupuesto. A pesar de haber sido turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el expediente fue devuelto al OIC en noviembre para que se pronunciara sobre diversos escritos, sin que hasta ahora exista una determinación.
Las consejerías han señalado que el proceso permanece paralizado desde hace meses, sin explicación clara, lo que genera incertidumbre jurídica. Mientras exista un procedimiento administrativo abierto, la normativa impide la entrega de liquidaciones, que en casos similares han superado el millón y medio de pesos por persona.
El Tribunal solicitó al OIC pronunciarse, entre otros puntos, sobre el desistimiento presentado por quien promovió originalmente las denuncias y sobre la petición del propio INE para ser reconocido como tercero interesado, al tratarse de un asunto que incide en la independencia del Consejo General. Sin embargo, dichas solicitudes no han sido atendidas.
Las y los consejeros han advertido que esta dilación tiene efectos adicionales, ya que al concluir su encargo enfrentan una prohibición constitucional de dos años para ocupar cargos en entes públicos vinculados con procesos electorales en los que participaron. La falta de resolución, sostienen, agrava la afectación a sus derechos laborales, su imagen pública y su seguridad jurídica.
Ante la persistencia del retraso, las personas involucradas analizan acudir a otras vías legales para exigir celeridad y evitar lo que consideran una posible denegación de justicia, al tiempo que reiteran que las decisiones cuestionadas formaron parte del ejercicio de sus atribuciones constitucionales en materia electoral.
