La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación por un año de un juez federal, identificado como Fernando “A”, al acreditarse la comisión de faltas graves que afectaron la administración de justicia en asuntos relacionados con el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con la resolución, el juzgador emitió diversas determinaciones que favorecieron al exmandatario estatal y que, en los hechos, evitaron su detención. El órgano disciplinario resolvió una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal, en la que se denunciaron actos y omisiones que impactaron de manera directa el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H. León Tovar, precisó que la sanción no se impuso por el criterio jurisdiccional del juez, sino por la emisión de resoluciones contrarias al texto expreso de la ley y por ignorar constancias esenciales dentro de los expedientes.
La medida contempla la prohibición, por un periodo de un año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al considerarse acreditadas irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Entre los hechos analizados, la Comisión señaló que el juez concedió suspensiones definitivas con efectos restitutorios en juicios de amparo, sin verificar el cumplimiento de requisitos legales, así como el desacato a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se le atribuyó haber otorgado suspensiones para impedir la ejecución de órdenes de aprehensión y evitar la suspensión de derechos político-electorales del quejoso.
El órgano disciplinario concluyó que las conductas no constituyeron hechos aislados, sino un conjunto de actuaciones sistemáticas que representaron errores inexcusables y un franco desacato a las normas que regulan la impartición de justicia, afectando incluso decisiones de otros órganos jurisdiccionales.
Finalmente, la Comisión de Disciplina subrayó que este tipo de infracciones lesionan la confianza pública en el Poder Judicial y ameritan sanciones proporcionales, reiterando que la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y que no habrá espacio para la impunidad ni privilegios cuando se transgrede la ley.
