Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) alertaron ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que reducir el presupuesto solicitado para organizar la elección judicial podría comprometer la legitimidad del proceso.
Durante su comparecencia, las consejeras Rita Bell López Vences y Norma de la Cruz Magaña defendieron la solicitud de más de 13,000 millones de pesos, argumentando que la cifra refleja los costos asociados a un proceso inédito, que incluye la instalación de más de 170,000 casillas y la impresión de 600 millones de boletas, equiparable a los estándares de una elección federal ordinaria.
“La legitimidad de la elección no es un tema de pesos, sino de valores. La ciudadanía espera un proceso con estándares de calidad que garanticen confianza”, subrayó De la Cruz Magaña.
Críticas y Respuestas
El diputado Reginaldo Sandoval (PT) cuestionó el incremento en la propuesta presupuestal, calificándolo de “exagerado”. Sin embargo, las consejeras insistieron en que la magnitud y complejidad del proceso judicial extraordinario justifican los recursos solicitados.
“Cada decisión de recorte tiene un costo posterior. ¿Qué pasa si las boletas son cuestionadas en su origen? Esto comprometería la legitimidad del resultado”, advirtió Rita Bell López, señalando que reducir el presupuesto podría derivar en percepciones de fraude o desconfianza.
Propuesta de Ahorros
En respuesta a los reclamos de los legisladores, las consejeras mencionaron que el INE ha contemplado ahorros, entre ellos la exclusión de 4,000 millones de pesos destinados a una eventual consulta popular, lo que representaría una disminución significativa en el monto total.
Contexto y Desafío
El proceso electoral en cuestión, que abarca 881 cargos judiciales, representa un desafío logístico y financiero sin precedentes. Según las consejeras, mantener los estándares de calidad será crucial para garantizar la confianza ciudadana en esta elección histórica, primera de su tipo para jueces, ministros y magistrados.
La discusión ahora recae en los legisladores, quienes deberán decidir entre ajustar el presupuesto o respaldar íntegramente la propuesta del INE para preservar la legitimidad de este proceso.
