El Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, concluirá el año con nueve ex presidentes municipales privados de la libertad, la mayoría de ellos acusados o sentenciados por delitos graves como homicidio, extorsión, abuso de autoridad y vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana.
Entre los casos más recientes se encuentra el de María Elena Martínez, ex alcaldesa de Amanalco, quien fue declarada culpable por el homicidio del ex síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer. La ex funcionaria fue detenida en el marco de la llamada Operación Enjambre y permanece en el módulo femenil de Santiaguito, a la espera de conocer la pena que deberá cumplir por doble homicidio calificado, además de enfrentar investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.
Otro caso emblemático es el de Fidel Figueroa Gómez, ex edil de Zacualpan, sentenciado a 236 años de prisión por su participación en el ataque armado contra el entonces fiscal regional de Ixtapan de la Sal, en el que murió uno de los escoltas del funcionario. Las investigaciones establecieron que el ex alcalde habría proporcionado información clave para la ejecución del atentado.
También permanece recluido Gerardo Nava Sánchez, ex presidente municipal de Zinacantepec, quien fue condenado a 42 años de cárcel por ordenar un ataque armado contra un regidor en funciones, derivado de disputas políticas. En el mismo proceso fue sentenciado su sobrino, identificado como uno de los participantes en el atentado.
En situación de proceso judicial se encuentran María del Rosario “N”, ex alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, acusada de extorsión, y Selene “N”, ex presidenta municipal de Capulhuac, imputada por abuso de autoridad tras la agresión denunciada por una trabajadora del DIF municipal.
A estos casos se suma el de Pedro Luis “N”, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, vinculado a proceso por extorsión y actualmente recluido en el penal de Tenango del Valle, luego de permanecer prófugo durante varias semanas.
En contraste, el ex alcalde de Toluca, Raymundo “N”, acusado de secuestro exprés con fines de extorsión, obtuvo el cambio de medida cautelar y actualmente enfrenta su proceso en prisión domiciliaria, bajo supervisión electrónica y tras el pago de una garantía económica.
La concentración de ex alcaldes en prisión refleja el alcance de las investigaciones contra redes de corrupción y colusión criminal en gobiernos municipales del Estado de México, varios de cuyos protagonistas cerrarán el año privados de la libertad.
