La Auditoría Superior de la Federación encontró pagos sin comprobar y violaciones a leyes de contrataciones públicas y contabilidad gubernamental.
Una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 272.4 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo en que fue presidido por Norma Piña Hernández, entonces titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El organismo fiscalizador determinó que el extinto CJF realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación comprobatoria que acreditara la prestación de servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento y soporte tecnológico. Como resultado, la ASF inició 11 procedimientos de investigación y sanción contra los posibles responsables.
Pagos sin justificar y omisiones en control interno
El informe, correspondiente a la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, detalla que se pagaron:
- 21.4 millones de pesos por servicios de seguridad y vigilancia no acreditados.
- 49.4 millones por mantenimiento y limpieza sin justificar.
- 201 millones por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado sin documentación comprobatoria.
Además, el CJF omitió hacer efectiva una póliza de fianza de 431 mil pesos, luego de que el servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca fue suspendido por el proveedor durante dos meses.
Violaciones legales y daño al erario
La ASF concluyó que, pese a los esfuerzos del Consejo por mejorar su sistema de control interno, estos resultaron insuficientes para asegurar la correcta aplicación de recursos públicos, lo que vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El informe también documenta violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al no cumplir con los requisitos de comprobación del gasto.
Auditoría tras la reforma judicial
La revisión se realizó tras la desaparición del CJF, como parte de la reforma judicial que transfirió sus funciones y recursos al Tribunal de Disciplina Judicial, nueva instancia encargada de la administración, vigilancia y disciplina dentro del Poder Judicial.
