La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado tres artículos transitorios de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco. Como resultado, las llamadas «pensiones doradas» deberán ser pagadas a sus beneficiarios según lo establecido al momento de su jubilación, sin la reducción contemplada en las modificaciones aprobadas por el Congreso local en 2021.
Estas «pensiones doradas» se refieren a las pensiones de ex funcionarios públicos, cuyos montos varían según el salario que recibían al jubilarse. Algunos beneficiarios reciben más de 100 mil pesos mensuales, y algunos superan los 218 mil pesos. En comparación, una pensión promedio de los trabajadores es de 17 mil pesos al mes.
La iniciativa del gobernador Enrique Alfaro en 2021 puso un tope máximo a estas pensiones, estableciendo que la base de cotización para el pago de aportaciones no debía ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización mensual.
El mismo día de la aprobación, el gobernador Alfaro destacó que esta reforma era un paso importante para liberar al Ipejal de abusos y asegurar su futuro financiero. Sin embargo, casi dos años después, la SCJN ha invalidado los artículos reformados que establecían la reducción de pensiones previamente otorgadas.
La SCJN argumentó que estos preceptos eran inconstitucionales, violando los principios de irretroactividad de la ley, no regresividad y gradualidad, afectando los derechos adquiridos de los pensionados conforme a las disposiciones anteriores. La Acción de Inconstitucionalidad 150/2021 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el argumento de que las normas impugnadas tenían efectos retroactivos y perjudicaban a los pensionados al reducir el monto de sus pensiones previamente establecidas.
