La Cámara de Diputados mantiene detenidas al menos 30 iniciativas que buscan tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, así como imponer sanciones que van de 20 hasta 140 años de prisión a quienes incurran en esta práctica.
Pese a que el gobierno federal ha establecido como prioridad impedir el reclutamiento de menores durante los próximos años, las propuestas legislativas presentadas en la actual legislatura no han avanzado en comisiones ni han sido llevadas al pleno para su discusión.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 145 mil y 250 mil menores de edad se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, principalmente en contextos marcados por la pobreza, la violencia, el abandono escolar y la ausencia de políticas de protección.
Urgencia legislativa sin resultados
Diputados de todas las fuerzas políticas han coincidido en la necesidad de sancionar a quienes enlisten, engañen, rapten u obliguen a menores a participar en delitos, actividades ilícitas o acciones armadas. Sin embargo, ninguna de las iniciativas ha sido dictaminada hasta ahora.
Algunas propuestas contemplan castigos severos, incluyendo penas de hasta 140 años de prisión, al considerar el reclutamiento de menores como una forma extrema de violencia y explotación criminal.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se ha señalado la disposición de los grupos parlamentarios para construir acuerdos y aprobar una reforma integral que contemple tanto medidas preventivas como sanciones penales contra los reclutadores, con la expectativa de que el tema avance en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Casos que reavivan el debate
El debate legislativo cobró nueva fuerza tras hechos recientes de violencia en los que se ha señalado la participación de adolescentes presuntamente reclutados por organizaciones criminales. Legisladores han advertido que muchos jóvenes son captados mediante redes sociales, falsas ofertas de empleo o coerción directa, y posteriormente utilizados como informantes, vigilantes o sicarios.
Estados con mayor riesgo
Redim ha identificado siete entidades con altos niveles de riesgo de reclutamiento: Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, donde confluyen violencia estructural, impunidad y falta de oportunidades.
La organización ha advertido que México carece de una política pública integral para prevenir y atender este fenómeno, y que el marco legal actual no reconoce el reclutamiento de menores como un delito autónomo, ni garantiza que los adolescentes involucrados sean tratados como víctimas.
Ante ello, ha solicitado instancias internacionales que exhorten al Estado mexicano a tipificar el delito, establecer mecanismos de prevención temprana y crear programas nacionales de desvinculación y reparación integral del daño.
