Más allá de la profundidad que pueda implicar una reforma electoral, los cambios deben contar con el aval de todas las fuerzas políticas para garantizar su legitimidad y permanencia, advirtió Alejandra Tello, jefa de Investigación de la Escuela Judicial Electoral.
La especialista subrayó que las reglas electorales no sólo impactan al gobierno en turno, sino que pueden beneficiar o perjudicar a quienes hoy detentan el poder en el futuro, por lo que llamó a una reflexión de largo plazo. Recordó que reformas impulsadas en el pasado por partidos hoy en la oposición terminaron volviéndose en su contra con la irrupción de nuevas fuerzas políticas.
En este contexto, consideró complejo que se alcance una reforma ampliamente consensuada, aunque insistió en que ese acuerdo es indispensable para evitar conflictos postelectorales como los ocurridos en 2024.
Durante la presentación del libro Entre la Constitución y la campaña mediática: la asignación de diputaciones en 2024 en México, Tello señaló que la discusión de una reforma electoral representa una oportunidad para corregir reglas que actualmente generan tensiones, como la asignación de diputaciones de representación proporcional, el sistema de coaliciones y el financiamiento de los partidos políticos.
Indicó que el tema de la sobrerrepresentación debe ser atendido directamente por el Congreso de la Unión mediante una reforma constitucional, ya que no corresponde a las autoridades electorales modificar las reglas del juego una vez iniciado el proceso electoral.
Asimismo, llamó a revisar el funcionamiento de las coaliciones, al advertir que en los hechos permiten que partidos pequeños obtengan triunfos sin contar con el respaldo mayoritario del electorado, lo que distorsiona la representación política.
La investigadora pidió también evitar la “satanización” de figuras como las diputaciones plurinominales, al recordar que fueron clave para abrir la pluralidad política tras décadas de partido hegemónico, aunque aclaró que ello no implica deslegitimar las mayorías.
Finalmente, sostuvo que si bien es válido buscar ahorros presupuestales, reducir de manera abrupta los recursos destinados a las autoridades electorales puede debilitar al sistema democrático. Reiteró que cualquier cambio será válido en la medida en que se construya con el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas.
