Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este miércoles, con 20 votos a favor de Morena y sus aliados del PVEM y PT, cinco en contra del PRI y Movimiento Ciudadano, y cuatro abstenciones del PAN, el decreto que reforma diversas disposiciones en materia de desaparición forzada de personas.
El dictamen avalado propone modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El objetivo, según el documento, es fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, bajo estándares de derechos humanos.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue turnada a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para su discusión y votación en la sesión extraordinaria prevista para este jueves 27 de junio.
El proyecto plantea una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y contempla la creación de una plataforma única de identidad, así como la incorporación de datos biométricos —como huellas dactilares y fotografías— a la Clave Única de Registro de Población (CURP). También se prevé un programa de integración de estos datos al Registro Nacional de Población, incluyendo a menores de edad.
Sin embargo, la reforma ha generado fuertes cuestionamientos por parte de legisladores de oposición y organizaciones civiles. El senador Néstor Camarillo (PRI) advirtió que la medida representa un riesgo para las libertades democráticas. “La creación de una plataforma única de identidad es un mecanismo de vigilancia masiva y de control político disfrazado de modernización”, sostuvo.
Por su parte, Alejandra Barrales (MC) calificó de alarmante que se incorporen datos biométricos a la CURP, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes.
En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció la ausencia de un proceso de parlamento abierto y criticó que no se haya escuchado a familiares de personas desaparecidas. La organización señaló que el procedimiento legislativo fue opaco y que las reformas no abordan las causas estructurales de la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
A pesar de las advertencias, el Senado se alista para votar la iniciativa en el pleno, lo que podría marcar un giro significativo en la política de identificación y búsqueda de personas en México.
