México Evalúa presentó su informe anual «Hallazgos 2023», que muestra un preocupante aumento en la impunidad de delitos graves en México. En homicidio doloso, extorsión y desaparición, la impunidad ha escalado alarmantemente: el homicidio doloso pasó de un 95.7% en 2022 a un 96.86% en 2023, mientras que la desaparición y la extorsión llegaron a cifras de impunidad de 99.51% y 98.36%, respectivamente. Estos resultados son reflejo de un sistema judicial incapaz de responder ante la creciente ola de violencia.
Otros delitos graves también muestran índices de impunidad alarmantes, como el secuestro (87.08%) y la violación (94.5%). Aunque se registraron reducciones en delitos como el feminicidio (de 88.6% a 86.78%) y la violencia familiar (de 98.6% a 96.8%), la impunidad sigue siendo un problema persistente, especialmente en el ámbito federal, donde cerca del 95.5% de los delitos federales quedaron sin castigo en 2023.
Las entidades con los niveles más bajos de impunidad fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%). A pesar de estos avances, el sistema judicial no ha evolucionado al mismo ritmo que la violencia, y México Evalúa subraya que las instituciones de justicia están marcadas por la percepción de corrupción y procesos largos y tediosos que desmotivan a las víctimas a denunciar.
Sistema judicial: bajo presupuesto y trabajo excesivo
El sistema judicial mexicano enfrenta problemas estructurales graves, como la falta de presupuesto, personal capacitado y recursos tecnológicos, que afectan su capacidad de operación. El informe resalta que sólo tres defensorías, en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, cuentan con personal especializado en la investigación del delito. Además, a nivel nacional, cada defensor público atendió en promedio 246 casos en 2023, reflejo de la sobrecarga de trabajo. Las fiscalías estatales manejaron un promedio de 310 carpetas de investigación por fiscal, superando las 1,500 carpetas en estados como Campeche y Guanajuato. Los jueces también experimentaron una alta carga de trabajo, con un promedio de 356 causas penales por juzgador.
La sobrecarga en el sistema, aunada a la percepción de corrupción (66% en los jueces y 62.8% en las fiscalías), limita la capacidad del sistema de justicia para ofrecer soluciones efectivas, según destaca el informe. Esto ha contribuido a la persistencia de una «cifra negra» o porcentaje de no denuncia, que se ha mantenido constante durante los últimos 11 años, reflejando la baja confianza ciudadana en el sistema de justicia del país.
