La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de cuatro predios privados en el fraccionamiento Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos.
Uno de los terrenos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; otros dos son de Juan José Salazar Ferrer, empresario señalado por Sansores como presunto prestanombres del exgobernador; y el cuarto corresponde a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual jefe de la Oficina de la Gobernadora.
De acuerdo con el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el 26 de septiembre, la medida se justifica por “causa de utilidad pública”. Los propietarios tendrán cinco días hábiles, contados a partir de la notificación o de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, para presentar alegatos y pruebas.
La expropiación se realiza bajo la nueva Ley de Expropiación de Campeche, reformada el 3 de septiembre pese a la oposición de PRI y Movimiento Ciudadano, que acusaron retrocesos al reducir a cinco días el plazo de defensa, permitir al gobierno fijar la valuación de los predios y ampliar hasta 10 años el pago de indemnizaciones.
Aunque el gobierno estatal había asegurado que la reforma no afectaría a los ciudadanos, su primera aplicación impacta directamente a este fraccionamiento privado ubicado sobre la avenida Resurgimiento.
