La administración estatal de Puebla, liderado por el gobernador Alejandro Armenta, impulsa una política de cero tolerancia a la corrupción a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Con el lema «No somos tapadera de nadie», la administración ha iniciado 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, combinando acciones preventivas con la aplicación estricta de la ley.
Esta ofensiva busca proteger el patrimonio público, atendiendo miles de señalamientos ciudadanos y turnando casos graves a instancias judiciales, sin distinciones ni privilegios para nadie.
Esta postura responde a una herencia de negligencias que dañaron el patrimonio estatal, como el caso del Museo Internacional del Barroco, donde se denunció el uso de pegamentos comunes y códigos de barras adheridos directamente a obras de arte de valor incalculable.
Armenta ha enfatizado que «quien comete un delito tiene que sujetarse a la ley, sea de esta administración o de cualquier otra», aclarando que la resolución de deudas financieras no exime de responsabilidades.
Las investigaciones continúan para sentar precedentes y fortalecer la confianza ciudadana en un gobierno honesto.
