El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra Edson Saúl Andrade Lemus y el Partido Acción Nacional (PAN) por presunta propaganda irregular y triangulación de recursos a través de contratos simulados.
Ávila señaló que Andrade Lemus —quien fungió como uno de los voceros de la marcha del 15 de noviembre atribuida a la “Generación Z”— recibió un contrato por 2.15 millones de pesos por parte del PAN en la Ciudad de México. Con ese contrato, afirmó el morenista, se habría pagado a siete personas para operar campañas de difusión en redes sociales a favor del partido, situación que, dijo, fue admitida por la dirigencia panista capitalina.
El legislador consideró que estos hechos podrían constituir un esquema irregular de financiamiento y “propaganda partidista encubierta”, por lo que pidió al INE investigar posibles violaciones relacionadas con:
- Propaganda simulada
- Uso indebido de recursos
- Aportaciones prohibidas
- Actos contrarios a la equidad electoral
Asimismo, solicitó que la autoridad electoral evalúe abrir un procedimiento de oficio y realizar una auditoría integral a los contratos del PAN en la capital, ya que, indicó, podrían existir prácticas similares mediante “contratos fachada”.
Ávila afirmó que, pese a que Andrade Lemus se presentó públicamente como apartidista, la información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia demuestra que mantiene un contrato vigente por más de 2.17 millones de pesos.
También refirió que la dirigencia panista ha justificado este tipo de contratos ante las restricciones que impiden destinar más del 35% de las prerrogativas a nómina, lo cual —dijo— podría evidenciar una simulación sistemática.
Morena advirtió que, de confirmarse las irregularidades, podrían configurarse gastos no reportados, triangulación de recursos y propaganda encubierta, lo que derivaría en una multa sin precedentes para el PAN. El partido también analiza llevar el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por posibles responsabilidades penales.
