La extracción, distribución y comercialización ilegal de agua en el Estado de México constituye un delito grave, castigado con hasta seis años de prisión y multas superiores a los 22 mil pesos, según el Código Penal estatal.
Esta normativa busca erradicar el «huachicoleo del agua», una práctica que compromete el suministro público y que ahora se enfrenta con la Operación Caudal, un esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.
El artículo 145 del Código Penal mexiquense establece penas de hasta seis años de cárcel y multas que exceden los 22 mil pesos para quienes distribuyan o suministren agua sin autorización oficial y con fines de lucro.
Para la extracción ilegal de agua potable de la red pública sin concesión, licencia o permiso, las sanciones incluyen tres años de prisión y multas por encima de los 11 mil pesos.
Estas medidas legales responden al impacto directo en el abasto ciudadano, donde el robo de agua genera escasez en comunidades y eleva costos para los usuarios legítimos.Lanzada la semana pasada, la Operación Caudal ha logrado resultados significativos: la clausura de 189 inmuebles, incluyendo 51 pozos ilegales y 138 tomas clandestinas, así como el aseguramiento de 322 pipas empleadas en la venta irregular del recurso.
Fuentes oficiales indican que estas acciones han desmantelado redes operadas por grupos con fachada de sindicatos, dedicados al acaparamiento masivo de agua y su reventa a precios inflados, lo que agrava la vulnerabilidad de la población en zonas con déficit hídrico.
«Esta operación no solo recupera el recurso, sino que desarticula estructuras que lucran con una necesidad básica», declaró un portavoz de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las investigaciones continúan para identificar a los líderes de estas organizaciones y garantizar que las sanciones se apliquen en su totalidad.
