El órgano fiscalizador encontró anomalías en contratos de vigilancia, limpieza, mantenimiento y servicios tecnológicos del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por 272.4 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuando éste aún estaba encabezado por Norma Lucía Piña Hernández, entonces presidenta del Poder Judicial Federal.
El informe detalla que las irregularidades se concentraron en servicios de seguridad, mantenimiento, limpieza y soporte tecnológico, donde se realizaron pagos sin comprobación documental.
Entre los hallazgos, la ASF reportó 201 millones de pesos sin acreditar en contratos de impresión, digitalización, soporte técnico, mantenimiento de equipos y servicios de red, además de 49.4 millones en servicios de limpieza, arrendamiento y mantenimiento de inmuebles.
También se detectaron pagos por 21 millones de pesos a empresas de vigilancia y seguridad sin evidencia de la prestación del servicio en 14 sedes del CJF, ubicadas en entidades como Morelia, Cuernavaca, Monterrey, Oaxaca y Hermosillo, entre otras.
El órgano fiscalizador señaló además falta de documentación en servicios de comedor institucional, con montos por aclarar de casi 432 mil pesos, debido a la ausencia de pólizas, bitácoras, listados de personal y comprobantes de suministros.
La ASF concluyó que estas deficiencias vulneran los principios de transparencia y rendición de cuentas, al no garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Norma Piña presidió el Poder Judicial Federal entre enero de 2023 y agosto de 2025, periodo en el que el CJF fue disuelto como parte de la reforma judicial, transfiriéndose sus funciones al Tribunal de Disciplina Judicial.
