El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar a Estados Unidos y sus aliados.
La orden establece que los ataques de la CPI contra funcionarios israelíes han “sentado un precedente peligroso” al exponer a los estadounidenses a “acoso, abuso y posible arresto”, poniéndolos así en peligro.
“La CPI, sin una base legítima, ha afirmado su jurisdicción y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de los Estados Unidos y algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant”, se lee en la orden.
“Esta conducta maligna a su vez amenaza con infringir la soberanía de los Estados Unidos y socava la importante labor de seguridad nacional y política exterior del gobierno de los Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.
La orden ejecutiva de Trump impondrá sanciones financieras y relacionadas con visas a personas y familiares directos de quienes apoyen las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos de Estados Unidos o sus aliados.
La CPI se ha estado preparando para un “ataque rápido” de la nueva administración estadounidense, informó The Guardian el mes pasado, citando fuentes dentro de la organización.
Las medidas podrían afectar el acceso de la CPI a los sistemas bancarios y de pago, a la infraestructura informática y a los proveedores de seguros, según la publicación. También podrían “paralizar” el trabajo de la corte y plantear “una amenaza existencial” a su funcionamiento.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para imponer sanciones que cancelarían visas estadounidenses e impondrían restricciones financieras a cualquier funcionario de la CPI que procese a “aliados” de Estados Unidos.
En 2002, Estados Unidos adoptó la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, conocida como “Ley de Invasión de La Haya”. La legislación fue diseñada para proteger al personal militar estadounidense, así como a los funcionarios electos y designados, del procesamiento por parte de organismos legales internacionales que Washington no ha reconocido.
La ley autoriza al presidente de Estados Unidos a utilizar “todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier miembro del personal estadounidense o de sus aliados” detenido o encarcelado en nombre de la CPI, ya que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que regula sus actividades. La autorización implica una posible acción militar, de ahí el nombre informal de la ley.
El intento de la CPI de investigar presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán en 2020 dio lugar a que Estados Unidos impusiera sanciones a la entonces fiscal Fatou Bensouda.
El tribunal ha acusado a Netanyahu y a Gallant de utilizar la hambruna como método de guerra en Gaza, así como de privar deliberadamente a la población civil del enclave de suministros esenciales como alimentos, agua y medicinas sin ninguna “necesidad militar obvia”. Washington dice que la CPI carece de jurisdicción sobre Israel, ya que tampoco es signatario del Estatuto de Roma.
Sin embargo, el año pasado, Estados Unidos elogió a Karim Khan, el mismo fiscal de la CPI que solicitó órdenes de arresto contra los dirigentes israelíes, cuando presentó cargos contra el presidente ruso Vladimir Putin. Moscú no es parte del acuerdo por el que se creó el tribunal.
