El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para recuperar las secciones del muro fronterizo entre EE.UU. y México que, según él, fueron “vendidas a precio de saldo” por la administración de Joe Biden. En un discurso en la Casa Blanca, Trump calificó la subasta de materiales del muro como “un ataque a la seguridad nacional” y prometió retomar la construcción para fortalecer el control migratorio.
La controversia se remonta a 2021, cuando Biden ordenó detener la construcción del muro, un proyecto emblemático de Trump durante su primer mandato. Parte de los materiales, como paneles de acero, fueron subastados, generando críticas de sectores conservadores que consideran la medida una “traición” a las políticas migratorias. Trump afirmó que su gobierno está identificando los materiales vendidos para recomprarlos o fabricar nuevos paneles, aunque no detalló el costo ni el cronograma.
El anuncio ha reavivado el debate sobre la inmigración en la frontera sur, un tema candente en la política estadounidense. Según datos de la Patrulla Fronteriza, los cruces ilegales han disminuido en 2025, pero Trump insiste en que el muro es esencial para disuadir la migración y el tráfico de drogas. “Vamos a recuperar el muro y a proteger a nuestro país”, declaró, prometiendo acelerar las obras en los próximos meses.
México, por su parte, ha reaccionado con cautela. El presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, expresó que su gobierno prefiere enfocarse en la cooperación bilateral para abordar las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en Centroamérica. La Cancillería mexicana evitó comentar directamente sobre el plan de Trump, pero instó a evitar medidas que “tensen” las relaciones.
La comunidad internacional observa con atención. Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado la reactivación del proyecto, argumentando que los muros no resuelven los problemas migratorios y afectan los derechos humanos. En contraste, aliados de Trump en el Partido Republicano celebraron la decisión, considerándola un paso hacia el cumplimiento de promesas de campaña.
Analistas advierten que el plan enfrenta desafíos logísticos y financieros, además de posibles demandas legales por parte de grupos ambientalistas y de derechos humanos. Mientras tanto, la retórica de Trump sigue polarizando, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación entre EE.UU. y sus vecinos del sur.
