La administración de Donald Trump ha intensificado su política migratoria al lanzar una agresiva campaña de reclutamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ofreciendo bonos de hasta 50,000 dólares para incorporar 10,000 nuevos agentes. La iniciativa, respaldada por un paquete de seguridad fronteriza de 150,000 millones de dólares aprobado en julio, destina 30,000 millones al ICE para aumentar las deportaciones, con un objetivo de un millón anual.
La campaña, que evoca carteles de la Segunda Guerra Mundial con mensajes como “Defiende la Patria” y fotos de Trump, busca atraer a “estadounidenses valientes” para roles como agentes de deportación, abogados e investigadores. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reporta más de 80,000 solicitudes desde su lanzamiento, con incentivos que incluyen 10,000 dólares inmediatos, 10,000 por postulación antes del 6 de agosto y 10,000 anuales durante tres años. También se eliminaron límites de edad y se ofrecen condonaciones de préstamos estudiantiles.
Sin embargo, la estrategia ha generado críticas. Expertos como Jason Houser, exjefe de personal de ICE bajo Biden, advierten que una expansión tan rápida podría reducir los estándares de contratación, como ocurrió con la Patrulla Fronteriza en los 2000, aumentando casos de mala conducta. Organizaciones de derechos humanos denuncian que los agentes, que operan con rostros cubiertos, realizan detenciones brutales basadas en apariencia, lo que viola garantías constitucionales. Tres demandas colectivas en cortes de Columbia y California cuestionan la legalidad de los bonos y las detenciones masivas.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado preocupación por el impacto en comunidades migrantes, especialmente tras las 142,000 deportaciones reportadas desde enero. Aunque México logró exenciones arancelarias en el T-MEC, el aumento de operativos en ciudades santuario como Nueva York podría tensar las relaciones bilaterales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defiende la campaña como una respuesta al “fracaso” de las políticas de Biden, pero solo el 40% de los detenidos tienen antecedentes penales, según datos de ICE.
