Perú ha desplegado una escuadra del Ejército y unidades de guardacostas de la Marina de Guerra en Santa Rosa de Loreto, un distrito creado el mes pasado en la región amazónica, cerca de la frontera con Colombia. La medida responde a un conflicto territorial con Bogotá, que no reconoce la soberanía peruana sobre esta zona, según informó el gobierno peruano. Este despliegue busca consolidar la presencia del Estado en una región marcada por la actividad de grupos armados y el narcotráfico.
El área en disputa, situada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, es estratégica por su acceso al río Amazonas y su riqueza en recursos naturales. Colombia sostiene que Santa Rosa de Loreto forma parte de su territorio, lo que ha generado roces diplomáticos. El gobierno de Gustavo Petro anunció el envío de dos batallones al departamento de Arauca, cercano a la zona, tras el asesinato de 23 personas en enfrentamientos atribuidos a disidencias de las FARC, según reportes de prensa.
El ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, justificó el despliegue como una medida para “proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos”. Sin embargo, analistas advierten que la militarización podría escalar las tensiones en una región ya volátil, donde operan grupos armados transnacionales. Publicaciones en X reflejan preocupación por un posible conflicto armado, mientras que organizaciones locales piden diálogo para evitar una crisis humanitaria.
La situación se enmarca en un contexto de desafíos regionales, con Perú enfrentando también tensiones en su frontera con Ecuador, donde recientemente desplegó fuerzas policiales especiales. Por su parte, Colombia ha denunciado incursiones de militares venezolanos en su territorio, lo que complica aún más la dinámica en la región amazónica. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado a ambas naciones a resolver el diferendo mediante negociaciones bilaterales, pero hasta ahora no se han anunciado avances.
Este conflicto territorial pone en evidencia la fragilidad de las fronteras amazónicas y los retos para la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado. Mientras Perú y Colombia refuerzan sus posiciones, la comunidad internacional observa con cautela, temiendo que la escalada afecte la estabilidad de una región clave para el medio ambiente y la economía sudamericana.
