El presidente José Raúl Mulino activó un plan de contingencia para mantener la operación normal de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la concesión de 1997 a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison.
El fallo invalida el contrato por irregularidades que perjudican los intereses nacionales. Mulino, quien anticipó el escenario hace un año, aseguró que no habrá interrupciones, pérdida de empleos ni afectación a clientes y proveedores durante la transición.
El Gobierno coordinará con la empresa afectada para una operación fluida y lanzará una nueva licitación con términos más favorables para Panamá, dirigida por expertos como el exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta. La soberanía y neutralidad del Canal se mantienen intactas.
El caso aviva tensiones entre Estados Unidos y China: Washington presiona por reducir la influencia china en la vía interoceánica, mientras Pekín rechaza la decisión y advierte que defenderá los intereses de sus empresas por vías legales.
