La administración del presidente Donald Trump impuso sanciones este jueves a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en represalia por las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania, así como por acciones de tropas estadounidenses en Afganistán. El Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, congelará los activos en EE.UU. de los jueces provenientes de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda.
Las medidas responden a la emisión de órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en el conflicto con Hamás. También se relacionan con una pesquisa iniciada en 2020 sobre acciones de militares estadounidenses. Rubio calificó las acciones de la CPI como “ilegítimas”, argumentando que atentan contra la soberanía de EE.UU. e Israel, países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
La CPI condenó las sanciones como un “intento claro” de socavar su independencia. La ONU y grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch, criticaron la decisión, advirtiendo que obstaculiza la justicia para víctimas. Israel agradeció el apoyo de Trump, mientras la tensión con la CPI se intensifica.
