El Gobierno de Chile rechazó con firmeza las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios chilenos, consistentes en la revocación de visas y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense para ellos y sus familiares.
El Departamento de Estado acusó a los funcionarios —identidades no reveladas— de financiar o apoyar actividades que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad regional en el hemisferio.
La Cancillería chilena calificó la medida como arbitraria y unilateral, expresando sorpresa por la falta de notificación previa y defendiendo que Chile no participa en acciones que amenacen la seguridad continental ni la soberanía de terceros países.
El presidente Gabriel Boric, desde la Isla de Pascua, calificó la decisión como injustificada y llamó a la unidad nacional. Como respuesta, el Gobierno convocó al embajador estadounidense en Santiago para exigir explicaciones detalladas sobre los motivos de las sanciones.
