El gobierno boliviano decretó emergencia energética, económica y social en todo el país ante el grave desabastecimiento de combustibles que afecta a la población desde finales de 2025.
La medida, adoptada mediante Decreto Supremo N° 5517, responde al agotamiento de reservas, la insostenibilidad de los subsidios y el contrabando hacia países vecinos, lo que ha generado largas filas en estaciones de servicio y parálisis productiva.
Entre las acciones clave se autoriza la importación y venta de combustibles por privados, se suspende por un año el control del diésel como sustancia regulada y se eliminan aranceles para agilizar el ingreso de carburantes.
El Ejecutivo busca estabilizar el abastecimiento y reactivar la economía, aunque la decisión ya genera preocupación por posibles ajustes en los precios que impactarían a los sectores más vulnerables.
