Analistas advierten que la reforma al Poder Judicial podría debilitar gravemente las instituciones de México, lo que podría llevar a una desaceleración o incluso a una paralización de las inversiones, aumentando el riesgo de recesión y un posible ajuste en la calificación soberana.
Marco Oviedo, estratega para América Latina del banco brasileño XP Investments, estima que las empresas serán más cautelosas con sus inversiones. La reforma podría provocar una desaceleración económica prolongada y aumentar el riesgo de recesión. Oviedo también prevé que agencias de calificación como Fitch podrían revisar la calificación del país, ya que el debilitamiento del marco institucional podría llevar a una perspectiva negativa y a una posible degradación en el futuro.
Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, coincide en que la reforma introduce incertidumbre, elevando la probabilidad de una recesión en los próximos meses y un estancamiento económico prolongado. Siller también destaca que la reforma podría poner en riesgo la llegada de nuevas inversiones extranjeras y la reinversión de utilidades, aumentando el riesgo de perder el grado de inversión.
Janneth Quiroz, economista en jefe de Monex, considera que la incertidumbre generada por la reforma podría frenar las inversiones en los próximos meses hasta que se clarifiquen las nuevas reglas. Esto podría ralentizar el dinamismo económico del país.
Jorge Marmolejo, gestor de portafolio en Franklin Templeton México, opina que México podría perder su grado de inversión a lo largo del próximo sexenio, especialmente dado que ya se aprobó la reforma judicial y se contempla la eliminación de organismos autónomos.
En cuanto a los efectos reales sobre la inversión, Quiroz señala que estos podrían manifestarse en el mediano plazo, ya que aún falta diseñar las leyes secundarias de la reforma. Además, el cambio en los miembros del Poder Judicial no será inmediato.
Joan Domene, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics, afirma que aunque la reforma no representa una amenaza inmediata para la economía, la incertidumbre podría frenar los flujos de inversión, impactando el crecimiento económico. Domene prevé que la inversión podría caer un 12% por debajo del pronóstico base y que el crecimiento del PIB promedio en los próximos tres años se reduciría al 1.7%, en lugar del 2.1% actual.
Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, mantiene una perspectiva más optimista, sugiriendo que el impacto en las inversiones por la reforma al Poder Judicial podría ser limitado, ya que la implementación completa tomará entre uno y dos años. Aguilar observa que tradicionalmente, las inversiones tienden a desacelerarse al inicio de una administración, como se ha visto en comienzos de sexenios anteriores. Además, menciona que empresas como Tesla y BYD han pausado sus inversiones en espera de las elecciones en Estados Unidos.
Andrés Maza, director de inversiones de GBM, destaca que procesos que generan incertidumbre, como elecciones o cambios en estrategias gubernamentales, suelen provocar reacciones negativas en los mercados. Subraya la importancia de mantener políticas públicas estables a largo plazo para brindar certidumbre a los inversionistas y aprovechar oportunidades como el nearshoring, permitiendo que el mercado se adapte a estos cambios.
