La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico 2026, a presentarse el 8 de septiembre, incluirá reformas para fortalecer el combate a las facturas falsas, una práctica que el gobierno identifica como un pilar de la evasión fiscal. Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que estas medidas buscan mejorar la recaudación tributaria sin incrementar impuestos, manteniendo la austeridad republicana y reduciendo el déficit fiscal, proyectado en 3.9% del PIB para 2025, según la Secretaría de Hacienda.
Las reformas, enfocadas en ajustes a la miscelánea fiscal, reforzarán la lucha contra las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”. Desde 2024, la emisión de comprobantes fiscales falsos es delito grave con prisión preventiva oficiosa, una medida impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum destacó que estas acciones han permitido aumentar la recaudación en aduanas en 100 mil millones de pesos en 2025, y se espera que las nuevas disposiciones agilicen los procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cerrar brechas de evasión.
El Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica, priorizará la sostenibilidad fiscal. Analistas de Bx+ proyectan un crecimiento del PIB de 1.7% y una inflación de 3.8% para 2026, contrastando con el rango de 1.5% a 2.5% estimado por Hacienda. Sin embargo, expertos como los de Citibanamex advierten que el optimismo oficial podría subestimar riesgos externos, como los aranceles de Estados Unidos, que podrían impactar el tipo de cambio y la inversión.
Sheinbaum también enfatizó el fortalecimiento del Plan México, que busca captar inversión privada y mixta para infraestructura y sectores estratégicos, como la producción de semiconductores. Estas medidas, junto con la austeridad en el gasto público, como la congelación de salarios de altos funcionarios, apuntan a mantener la estabilidad macroeconómica sin recurrir a una reforma fiscal profunda. No obstante, calificadoras como Moody’s expresan dudas sobre la viabilidad de reducir el déficit sin afectar programas sociales o inversión pública, en un contexto de presiones por el gasto en Pemex y programas sociales.
