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miércoles, octubre 29, 2025

Precio garantizado de maíz en el Bajío se fija en 6,500 pesos por tonelada.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reafirmó el pago de 6,500 pesos por tonelada de maíz blanco a productores del Bajío, en un esfuerzo por estabilizar ingresos y reducir la dependencia de importaciones, que cubren cerca del 40% del consumo nacional. El esquema combina un precio base de 5,200 pesos con un subsidio de 850 pesos: 700 federales y 150 de los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Aunque los agricultores demandaron 7,200 pesos en una reunión en la Secretaría de Gobernación, la Sader, encabezada por Julio Berdegué, mantuvo el compromiso de diálogo para ajustar políticas. Los beneficiarios accederán a créditos del programa Cosechando Soberanía a una tasa del 8.5%, más seguros de cosecha para la temporada primavera-verano 2025, incentivando inversión en tecnología y sostenibilidad en miles de hectáreas.

Esta garantía busca contrarrestar la volatilidad internacional y fortalecer la soberanía alimentaria, clave para la industria maíz-tortilla. La Sader prepara un nuevo sistema de ordenamiento y comercialización de maíz, con bases legales y consultas sectoriales. Analistas estiman un impulso al PIB agrícola de hasta 2% anual, beneficiando a más de 2 millones de productores y al empleo rural.

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Aunque los agricultores demandaron 7,200 pesos en una reunión en la Secretaría de Gobernación, la Sader, encabezada por Julio Berdegué, mantuvo el compromiso de diálogo para ajustar políticas. Los beneficiarios accederán a créditos del programa Cosechando Soberanía a una tasa del 8.5%, más seguros de cosecha para la temporada primavera-verano 2025, incentivando inversión en tecnología y sostenibilidad en miles de hectáreas.

Esta garantía busca contrarrestar la volatilidad internacional y fortalecer la soberanía alimentaria, clave para la industria maíz-tortilla. La Sader prepara un nuevo sistema de ordenamiento y comercialización de maíz, con bases legales y consultas sectoriales. Analistas estiman un impulso al PIB agrícola de hasta 2% anual, beneficiando a más de 2 millones de productores y al empleo rural.

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