Moody’s advirtió que la reforma judicial en México podría afectar negativamente la calidad crediticia soberana del país, ya que podría provocar un prolongado shock de confianza, volatilidad e incertidumbre financiera. Esto podría elevar los costos de la deuda y poner en riesgo tanto el crecimiento económico como las finanzas públicas.
La calificadora destacó que la reforma al Poder Judicial podría debilitar aún más los mecanismos de control y equilibrio institucionales, lo cual impactaría en otros aspectos cruciales de la calidad crediticia, como la fortaleza económica y fiscal del país.
Moody’s precisó que la incertidumbre jurídica y los procesos judiciales sesgados han incrementado la volatilidad a corto plazo de indicadores financieros mexicanos, como el tipo de cambio. “Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, presionando aún más la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses absorben una gran parte de los ingresos”, detalló.
La agencia también advirtió que un crecimiento económico más débil impondría restricciones adicionales al proceso de consolidación fiscal. Un prolongado shock de confianza podría desincentivar la inversión privada, limitando así los beneficios del nearshoring y reduciendo el crecimiento económico a un promedio de largo plazo del 2% después de 2025, en lugar del 3% que se podría alcanzar con nuevas inversiones.
Moody’s explicó que aunque la reforma del Poder Judicial no afecta directamente la dinámica del crecimiento, sí representa un desafío significativo para las inversiones. Desde 2022, la desaceleración de nuevas inversiones ha sido notable; en su lugar, la reinversión de utilidades ha ocupado un rol más prominente en la dinámica de inversión extranjera directa (IED), mientras que las nuevas inversiones no han impulsado un aumento significativo de la IED.
Además, la reforma judicial podría aumentar el riesgo de politización y amenazar la independencia e imparcialidad del sistema judicial mexicano. La agencia destacó que el Poder Judicial ha jugado un papel crucial en evitar que el ejecutivo se extralimite en los últimos años, bloqueando algunos cambios legales radicales propuestos por la administración de López Obrador y aprobados por el Congreso, especialmente en el sector energético, donde las reformas rechazadas habrían reducido la participación privada.
El Poder Judicial consideró estas propuestas como inconstitucionales o no conformes con el debido proceso. Moody’s resaltó que estos cambios en el sistema judicial y regulatorio podrían generar más incertidumbre en los proyectos de infraestructura, dificultando que las empresas se comprometan con inversiones a largo plazo en México, lo que ralentizaría el crecimiento del sector.
Aunque el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum ha expresado su apoyo a la energía limpia y a la inversión privada en infraestructura, Moody’s señaló que una política energética que no favorezca la inversión privada en la generación eléctrica local ha reducido significativamente las perspectivas de crecimiento en el sector energético, especialmente en la generación de energía renovable.
La empresa CFE Transmisión, una filial de la Comisión Federal de Electricidad, también enfrenta problemas de congestión debido a la falta de inversión. Además, la reforma judicial podría enfrentar impugnaciones por parte de Estados Unidos y Canadá.
“Históricamente, nuestra evaluación del marco institucional de México, especialmente en términos de control de la corrupción y el estado de derecho, ha sido menos favorable en comparación con otros soberanos con calificaciones similares. Un mayor riesgo de politización y una menor independencia del poder judicial aumentan la probabilidad de deterioro en estas áreas”, subrayó Moody’s.
