Para impulsar el avance económico, la productividad y la innovación en México y América Latina, así como para lograr una distribución más equitativa del ingreso, es crucial fortalecer los organismos encargados de regular la competencia, según el Banco Mundial.
Esta recomendación contrasta con la situación actual en México, donde el Gobierno federal busca eliminar siete organismos autónomos, incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Un estudio del Banco Mundial señala que la falta de competencia agrava la desigualdad, afectando más a los sectores más pobres de la población. En las zonas urbanas de México, por ejemplo, las pérdidas de bienestar relacionadas con el poder de monopolio en mercados de bienes esenciales, como tortillas de maíz, carnes procesadas, pollo, huevos y leche, son hasta un 20% mayores en los hogares más pobres en comparación con los más acomodados.
Mientras tanto, los hogares más ricos pueden evitar los mercados locales monopolizados y acceder a bienes y servicios en mercados internacionales con mayor competencia, lo cual no es una opción para los hogares más pobres.
El informe del Banco Mundial también señala que la baja competencia en América Latina resulta en precios más altos y opciones de menor calidad para productos esenciales, desde papel higiénico y conectividad a Internet hasta alimentos, reduciendo el bienestar general.
En el documento titulado ‘Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?’, el Banco Mundial expone que aumentar la competencia puede estimular el crecimiento de la productividad al obligar a las empresas menos productivas a salir del mercado, permitiendo que las más eficientes prosperen. En ausencia de competencia, son las empresas menos productivas las que sobreviven.
El informe destaca que los mercados más competitivos facilitan la adopción de nuevas tecnologías y amplían su difusión, permitiendo que más empresas se beneficien de mejoras en eficiencia.
Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros de la Facultad de Economía de la UNAM, menciona que una falta de competencia en el pasado, evidenciada durante el período de sustitución de importaciones, generó ineficiencias y altos costos al proteger a las empresas del mercado interno mediante aranceles y permisos de importación.
González enfatiza que un entorno con baja o nula competencia, favorecido por obstáculos y medidas protectoras, tiende a provocar ineficiencias productivas y generar ganancias excesivas para las empresas protegidas. Sin embargo, señala que no solo es necesario contar con organismos reguladores de la competencia, sino también un sistema de incentivos para la innovación y la productividad.
Las recomendaciones del Banco Mundial contrastan con la propuesta del gobierno mexicano de eliminar varios organismos autónomos. El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para extinguir siete de estos organismos. El proyecto de ley, que podría ser votado en octubre por el Congreso, propone transferir las funciones de la Cofece a la Secretaría de Economía, de la CNH y la CRE a la Secretaría de Energía, del IFT a la SCT, del INAI a la SFP, de Mejoredu a la SEP, y del Coneval al INEGI.
Héctor Villarreal, profesor e investigador del TEC de Monterrey, advirtió que “esta reforma se ha justificado como una medida de ahorro, pero en realidad parece más una forma de control del poder dentro del Ejecutivo”. Añadió que “aunque se ha argumentado que la extinción de estos organismos busca reducir costos, la exposición de motivos de la reforma menciona que no se despedirá a nadie, lo que haría que el ahorro presupuestario fuera casi nulo”. Además, señaló que al trasladar estos organismos a las secretarías, perderían parte de su autonomía respecto al Ejecutivo, quedando bajo un control más directo.
