En un golpe inesperado al dinamismo del comercio electrónico bilateral, México ha suspendido temporalmente los envíos de paquetería hacia Estados Unidos a partir del 29 de agosto, en respuesta a la imposición unilateral de aranceles por parte de la administración estadounidense. Esta medida, anunciada por el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), busca evitar disrupciones en la cadena de suministro y proteger a exportadores y consumidores mexicanos, en un contexto donde el intercambio comercial bajo el T-MEC representa un pilar clave de la economía nacional.
La decisión se enmarca en la nueva política de la Casa Blanca, que gravará con un 25% a todos los paquetes recibidos, independientemente de su valor, eliminando la exención de «minimis» para importaciones inferiores a 800 dólares. Esta acción viola, según autoridades mexicanas, los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que hasta ahora permitía un flujo libre de aranceles para la mayoría de las mercancías. México se suma así a más de 20 naciones que han frenado sus envíos postales, como reporta la Unión Postal Universal, ante la indefinición operativa de estos impuestos. El Sepomex y la SRE mantienen diálogos con contrapartes estadounidenses y organismos internacionales para reanudar los servicios de manera ordenada, garantizando certeza jurídica y minimizando pérdidas económicas.
Expertos en comercio exterior advierten de un impacto significativo en la balanza comercial mexicana. Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que esta política responde a abusos detectados en el e-commerce, que ha crecido exponencialmente post-pandemia, con envíos de bajo costo inundando el mercado estadounidense. «EE.UU. busca impulsar su política industrial, promoviendo compras locales y reduciendo la dependencia de importaciones baratas, principalmente de China, pero esto afecta a socios como México», señaló Estrada.
Bajo el T-MEC, México y Canadá mantienen ventajas competitivas, pero ahora deben cumplir con declaraciones de entrada y reglas de origen estrictas, lo que elevará costos logísticos en un 15-20%, según estimaciones preliminares del CCPM.En el ámbito doméstico, México ya ha ajustado su régimen aduanero: a inicios de 2025 eliminó la exención minimis para países sin tratados, aplicando un 19% de gravamen (tope de 50 dólares por ítem), lo que generó 9 mil millones de pesos en recaudación adicional hasta mayo. En agosto, este se incrementó al 33.5%, fortaleciendo las finanzas públicas pero encareciendo las importaciones para consumidores.
La suspensión de envíos podría reducir las exportaciones no petroleras que crecieron 5.2% en julio, según INEGI,en sectores como textiles, electrónicos y artesanías, que dependen del ecommerce para el 30% de su volumen hacia el norte. Analistas de Banorte proyectan una contracción temporal del 10% en el comercio postal bilateral, afectando a 500 mil pymes mexicanas vinculadas a plataformas como Amazon y Mercado Libre.El T-MEC, con un intercambio anual superior a los 800 mil millones de dólares, enfrenta ahora un «efecto de doble filo»: fortalece la integración regional, pero expone vulnerabilidades ante proteccionismo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido reactivar los envíos una vez que EE.UU. defina los mecanismos de cobro, priorizando la defensa de intereses económicos.
Economistas como Estrada recomiendan diversificar mercados hacia América Latina y Asia para mitigar riesgos, alineándose con el Plan México de nearshoring y sostenibilidad.Esta medida subraya la fragilidad del comercio global en un entorno de tensiones geopolíticas. Si se prolonga, podría erosionar el superávit comercial no petrolero de México (2,124 millones de dólares en julio) y presionar el PIB, que depende en un 40% de las exportaciones. No obstante, representa una oportunidad para reformar el e-commerce nacional, fomentando innovación logística y regulaciones que equilibren crecimiento y recaudación fiscal.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, evalúa incentivos para exportadores afectados, con el fin de mantener la competitividad en un mercado de 600 mil millones de dólares en ecommerce regional.
