El gobierno mexicano oficializó este jueves un decreto que prohíbe la importación de calzado terminado, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida, impulsada por la Secretaría de Economía, tiene como objetivo proteger a la industria nacional del calzado, que enfrenta una fuerte competencia desleal por productos provenientes de Asia, particularmente de países como China y Vietnam. Esta acción busca resguardar más de 150,000 empleos directos y un sector que aporta aproximadamente el 1.5% del PIB manufacturero del país.
El decreto establece una suspensión total de las importaciones de calzado terminado, con excepciones para insumos y componentes utilizados en la producción local. Según la Secretaría de Economía, la medida responde a la presión de importaciones a precios artificialmente bajos, derivadas de subsidios y prácticas de dumping que han mermado la competitividad de productores mexicanos. En 2024, México importó calzado por un valor de 1,200 millones de dólares, un aumento del 15% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones nacionales apenas alcanzaron los 400 millones de dólares, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical).
Desde una perspectiva económica, esta prohibición refuerza la estrategia de fortalecimiento industrial del Plan México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza el desarrollo de cadenas productivas internas. La industria del calzado, concentrada en estados como Guanajuato, Jalisco y Estado de México, genera un valor económico de 60,000 millones de pesos anuales y es clave para el empleo en comunidades manufactureras. Analistas estiman que la medida podría incrementar la producción local en un 10% anual, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo la balanza comercial en el marco del T-MEC.Sin embargo, la medida no está exenta de desafíos.
Expertos advierten que podría elevar los precios al consumidor en el corto plazo, en un contexto de inflación controlada al 4.5%. Además, la industria debe acelerar su modernización para cumplir con la demanda interna, que asciende a 250 millones de pares de zapatos al año. La Canaical aplaudió el decreto, pero instó al gobierno a implementar incentivos fiscales y programas de capacitación para elevar la competitividad frente a gigantes asiáticos.
En el ámbito internacional, la prohibición podría tensar relaciones comerciales con socios asiáticos, aunque México apuesta por el T-MEC para consolidar su posición como proveedor regional. La Secretaría de Economía también contempla cuotas compensatorias temporales para evitar triangulaciones comerciales. Este movimiento se alinea con medidas similares en sectores como el acero, reflejando una política proteccionista que busca blindar la economía mexicana ante distorsiones globales.
El decreto representa un impulso significativo para la industria del calzado, con un impacto potencial en el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de los productores nacionales para absorber la demanda y de la diplomacia comercial para mitigar represalias. Mientras tanto, el gobierno refuerza su compromiso con la reindustrialización, proyectando un aumento del 2% en el PIB manufacturero para 2026.
