El gobierno mexicano propone reformas al Código Fiscal de la Federación para negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas con socios o miembros previamente vinculados a factureras, emisores de facturas falsas. Esta medida, parte del Paquete Económico 2025 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ataca a los individuos detrás de las «empresas fantasma», responsables de evasión millonaria al erario.
Económicamente, responde a la erosión de ingresos públicos por redes sofisticadas de fraude, que han generado pérdidas en miles de millones de pesos anuales. Al prevenir nuevas inscripciones vía modelos de riesgo del SAT, se busca recuperar recaudación, desincentivar esquemas recurrentes y promover un entorno tributario justo, evitando que el fraude contamine a contribuyentes honestos y afecte la estabilidad presupuestal.
Las acciones clave aceleran verificaciones domiciliarias a 24 días, suspendiendo la emisión de comprobantes durante el proceso. Receptores de facturas dudosas tienen 30 días para corregir; de lo contrario, pierden su certificado de sello digital. Se impulsarán acciones penales contra representantes y directivos, elevando costos para el sector privado en sectores como comercio y servicios.
La estrategia podría elevar la recaudación en un 5-10% a mediano plazo, según proyecciones, fortaleciendo la inversión legítima. Sin embargo, requiere eficiencia en el SAT para no frenar la creación de empresas honestas ni la competitividad económica.
