El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 para manipular licitaciones y obtener contratos millonarios. Según la acusación, los sobornos, que ascienden a al menos 150 mil dólares, incluyeron artículos de lujo como productos de Louis Vuitton y Hublot, además de pagos en efectivo, lo que permitió a las empresas asociadas a los acusados obtener contratos por 2.5 millones de dólares.
La investigación, liderada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, señala que Rovirosa, de 46 años, y Ávila, de 61, ambos residentes en Texas, conspiraron para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los cargos incluyen un delito de conspiración y tres violaciones sustantivas de la FCPA, cada uno con una pena máxima de cinco años de prisión. Rovirosa, quien también enfrenta señalamientos por supuestos vínculos con cárteles mexicanos, fue procesado, mientras que Ávila permanece prófugo.
Este caso pone en el foco la vulnerabilidad de Pemex a prácticas corruptas, en un momento en que la petrolera enfrenta una deuda de 2.05 billones de pesos y pérdidas de 43 mil 329 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, según reportes recientes. La Secretaría de Hacienda ha destinado 80 mil millones de pesos este año para apoyar a Pemex, pero la mitad ya se consumió, lo que evidencia su fragilidad financiera.
Analistas económicos advierten que estas acusaciones podrían dañar la confianza de los inversionistas en el sector energético mexicano, especialmente en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos, donde se negocian aranceles y la revisión del T-MEC en 2026. La International Chamber of Commerce México (ICC México) subraya la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho para atraer inversión extranjera, que se espera alcance los 30 mil millones de dólares este año.
El caso también resalta la importancia de implementar controles más estrictos en las licitaciones de Pemex para evitar prácticas que afecten la competitividad y transparencia del mercado energético mexicano, crucial para la economía nacional.
