Desde el 1 de enero de 2026, México aplica varias reformas laborales que impactan obligaciones empresariales y derechos de los trabajadores. El salario mínimo sube 13% en la zona general, a 315.04 pesos diarios, y 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, hasta 440.87 pesos, lo que eleva cotizaciones al IMSS y prestaciones como aguinaldo y prima vacacional.
Otro ajuste clave es la inscripción obligatoria en seguridad social para trabajadores de plataformas digitales como Uber, Rappi y DiDi, tras finalizar una prueba piloto. Además, el subsidio al empleo aumenta de 475 a 536.21 pesos mensuales, y el SAT intensifica validaciones en nóminas electrónicas para prevenir errores en CFDI.
También entra en vigor la «Ley Silla», obligando a proporcionar asientos con respaldo a empleados que laboran de pie. Por su parte, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas comenzará discusión en el Senado en febrero, con implementación gradual entre 2027 y 2030, incluyendo registro electrónico de horarios.
Estas medidas buscan mejorar condiciones laborales, pero generan desafíos para las empresas, especialmente Pymes, en términos de inversión y cumplimiento normativo.
