El impacto del delito también conlleva un costo significativo para las víctimas, que pueden ser despojadas de objetos como teléfonos celulares, automóviles e incluso pertenencias del hogar, según datos del INEGI.
En 2023, se registraron 31.3 millones de delitos, un aumento notable respecto a los 26.8 millones del año anterior. El costo total de la inseguridad en los hogares creció un 8.3% anual, alcanzando 282 mil millones de pesos, comparado con los 260 mil 500 millones de 2022, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Este monto es el más alto desde 2018, cuando se reportaron 285 mil 600 millones de pesos, con cifras ajustadas a inflación.
«Esta cifra de 2023 equivale a 4.1 veces el presupuesto total destinado a las instituciones de seguridad pública en los estados. Hay una amplia región que va desde Jalisco y Colima en el occidente hasta Tlaxcala y Puebla en el centro-oriente, donde se concentran los costos más altos del país», comentó en conferencia el director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del INEGI, Dwight Dyer.
A nivel nacional, el costo promedio del delito por persona afectada fue de 6 mil 853 pesos; en Jalisco, fue el más alto con 9 mil 325 pesos, mientras que Chiapas registró el costo más bajo, con 4 mil 236 pesos. Además, el costo total del delito representó el 1.15% del PIB, frente al 1.08% de 2022.
Este costo incluye gastos en medidas preventivas, estimados en 91 mil 700 millones de pesos, y pérdidas por victimización que suman 190 mil 300 millones de pesos. Entre las medidas preventivas más comunes están el cambio o colocación de cerraduras, la instalación de rejas o bardas, y la adopción de perros guardianes.
El INEGI también indicó que las víctimas de robo total de vehículo enfrentaron una pérdida promedio de 31 mil 481 pesos. El fraude bancario y del consumidor causó pérdidas promedio de 8 mil 200 pesos, seguido por delitos como carterismo y allanamientos, con pérdidas de 6 mil 479 pesos, y robo o asalto en la calle o transporte, con 5 mil 670 pesos.
A pesar del impacto monetario del robo, la ENVIPE señala que el delito más frecuente fue el fraude, con una tasa de 6 mil 962 por cada 100 mil habitantes, seguido por el robo o asalto en la calle o transporte público, con 6 mil 526, y la extorsión, con 5 mil 213. En 19 de las 32 entidades del país, el fraude fue el delito más común en 2023, un aumento respecto a las 17 entidades del año anterior.
«El fraude es un delito complejo y está creciendo rápidamente. A medida que aumentan las actividades electrónicas en compras y transacciones comerciales, también lo hará el fraude», comentó Adrián Franco, vicepresidente del INEGI.
